Tres de los cinco consejos de transparencia en España no son independientes

El Consejo de la Transparencia estatal, el organismo que asegura que se cumplan los requisitos de transparencia y protege el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía, se constituyó este mes de enero con una directora elegida por el Ministerio de Hacienda, Ester Arizmendi, y otros siete vocales propuestos por sus instituciones de procedencia.

Ester Arizmendi fue directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulsos de la Administración Electrónica

Ester Arizmendi fue directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulsos de la Administración Electrónica. Foto: uimp.es

Como han denunciado repetidamente las organizaciones de la sociedad civil, tiene un error de base y es que el órgano depende del propio Gobierno -del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- y por lo tanto sus decisiones podrían correr el peligro de estar politizadas.

Canarias depende del Parlamento

No es el único caso en España. Otras cuatro comunidades autónomas han contemplado en sus recién aprobadas leyes de transparencia contar con un consejo.

Andalucía y Murcia han optado por una fórmula similar a la estatal y tendrán organismos dependientes de sus gobiernos. Aunque en las normas se habla de “órgano independiente”, “plena independencia orgánica y funcional”, la realidad es que el nombramiento de sus miembros sí depende de la administración. Cataluña se encuentra a medio camino de ser totalmente independiente.

Tan solo Canarias ha optado por tener un órgano con un único representante, el comisionado o comisionada elegido por mayoría de tres quintas partes del Parlamento de Canarias y que podrá contar con el apoyo de la administración autonómica.

Esto supone que 36 diputados de los 60 que hay en el Parlamento del archipiélago tienen que ponerse de acuerdo en elegir al máximo representante. En la actualidad la cámara canaria tiene 21 diputados del PP, 21 de Coalición Canaria, 15 del PSOE y tres del Grupo Mixto.

Además, es la única comunidad que especifica en su ley (artículo 60) que el comisionado no puede tener un cargo o afiliación política, sindical, asociativa, en una fundación, etc.

Andalucía: dependencia de la Junta

En Andalucía el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos estará nombrado por el Consejo de Gobierno, mientras que los 14 miembros de la Comisión Consultiva serán elegidos por la Consejería de Presidencia.

Aparte de los representantes institucionales (Junta, Parlamento andaluz, administraciones locales, Defensor del Pueblo Andaluz y  Cámara de Cuentas), también habrá miembros de universidades públicas, entidades de consumidores y usuarios, de sindicatos y empresas y “personas expertas en la materia”.

Cataluña: a medio camino de tener un consejo independiente

El planteamiento inicial de cómo estará formada la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública catalana sigue la filosofía de Canarias: habrá un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco designados por mayoría de tres quintas partes de los diputados del Parlamento de Cataluña.

Sin embargo, la ley recoge que en cuanto a organización y funcionamiento, la Comisión estará “adscrita al departamento de la Generalitat que el Gobierno determine por decreto”. ¿Acabará esta posición en el organigrama por interferir en su independencia?

Por otro lado, un requisito que incluye la ley catalana y que no encontramos en otras normas es que exigen que los miembros de la Comisión, aparte de tener dedicación exclusiva, sean “juristas especialistas en derecho público y técnicos en materia de archivos o gestión documental, elegidos entre expertos de reconocida competencia y prestigio y con más de diez años de experiencia profesional“.

Murcia: deciden el Gobierno y una consejería

El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia también contempla que su presidente sea nombrado por el Consejo de Gobierno aunque su designación corresponderá a la Asamblea Regional de entre los candidatos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios.

Los nueve miembros del Consejo, sin dedicación exclusiva ni derecho a remuneración, lo serán a propuesta del titular de la consejería que tenga las competencias en materia de transparencia después de haber recibido la “designación por parte de las entidades e instituciones correspondientes”, como la Asamblea Regional, universidades, etc.

¿Cómo tener un Consejo de la Transparencia independiente?

La asociación Access Info Europe cuenta con una serie de recomendaciones para asegurar la independencia y eficacia de los consejos de transparencia. Este es el resumen:

– El nombramiento de los miembros tiene que ser ajeno a cualquier influencia política y asegurarse su permanencia en el cargo, protegidos contra el despido arbitrario (procesal / sustantivo) una vez nombrados.
Independencia financiera.
– Requisitos de experiencia profesional para ser nombrados.
– Mandato y poder necesario para desempeñar las funciones del consejo, incluyendo el poder de revisar documentos clasificados e inspeccionar las instalaciones de los organismos públicos.
– Decisiones vinculantes y poder para ordenar las medidas necesarias para para que sus decisiones se cumplan, incluida la desclasificación de la información.
– Tomar medidas estructurales necesarias a la autoridad pública (por ejemplo realizar más formación o mejorar la gestión de los registros).

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