Primero fue el jamón ibérico, ahora el jamón serrano

Muchos recordaréis que el pasado 10 de enero de 2014 el Consejo de Ministros aprobó una norma de calidad para la carne y algunos embutidos ibéricos a través de un Real Decreto.

Concretamente, para el jamón, la paleta y la caña de lomo. La medida más sonada fue que se implantó un sistema de colores (negro, rojo, verde y blanco) para los distintos tipos ibéricos y también que se exigirá un peso mínimo de las piezas.

El jamón ataca de nuevo, pero esta vez el serrano y en el Congreso. El grupo parlamentario socialista ha presentado una Proposición no de Ley que insta al Gobierno a que cree una Indicación Geográfica Protegida para el “Jamón Serrano” que ratifique e inscriba a su vez la Unión Europea.

Un plato de jamón serrano

Un plato de jamón serrano. Foto: Evaglesias/Wikimedia Commons

El objetivo principal de la propuesta es asegurar que el jamón serrano que se vende está elaborado en España y es de “máxima calidad”.

También, de cara a la exportación, los socialistas piden que se amplíe la protección de este embutido, que ahora cuenta con la certificación ETG (Especialidades Tradicionales Garantizadas) y se le otorgue la IGP (Identificación Geográfica Protegida), que limita la zona de elaboración.

Según la proposición, en la actualidad es posible elaborar jamón serrano fuera de España, lo que consideran “una amenaza real para nuestra industria”.

Influencia de la industria del jamón

La preocupación por el jamón, ya sea ibérico o serrano, no ha surgido de forma espontánea en los gobernantes y legisladores.

Ya en la presentación de la regulación de los ibéricos de enero se afirmaba que la medida era una “demanda de la práctica totalidad de las organizaciones y asociaciones que integran a ganaderos e industrias”.

En la proposición presentada por el grupo socialista manifiestan que ha sido una iniciativa de los empresarios agrupados en la Fundación Jamón Serrano Español, en ANICE (Asociación Nacional de Industrias de la Carne) y CONFECARNE.

Las agrupaciones que defienden este embutido han sido muy efectivas en sus acciones, por el momento ya se ha aprobado un Real Decreto y se ha presentado una Proposición no de Ley que podría desembocar en una regulación superior, de ser atendida por el Gobierno.

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