Las preguntas parlamentarias con respuesta escrita ya se publican solo en Internet

El Congreso de los Diputados ha cambiado recientemente la manera de publicar las respuestas del Gobierno a las preguntas escritas de los parlamentarios. Aparte de enlazarlas únicamente por Internet y no lanzar una edición en papel, ahora se facilita la consulta de las contestaciones. Aunque la mejora es notable, todavía se podría simplificar más el procedimiento.

Sala del público en el Archivo Histórico Nacional en 1930

Sala del público en el Archivo Histórico Nacional en 1930. Foto: Miguel Cortés Faure/BNE at Flickr CC BY-NC-ND 2.0

La edición electrónica del Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) empezó a publicar la semana pasada un índice de respuestas que enlaza directamente con el fichero en PDF que envía el Gobierno.

Es más práctico que antes porque ahora cada respuesta está en una URL única (como esta respuesta a Rosa Díez) y por ejemplo, de cara a compartir en redes sociales, no se enlaza con un PDF de 500 páginas, sino solo a un PDF de unos pocos folios. Cabe subrayar que los textos de las respuestas se pueden seleccionar, copiar y pegar.

Respuesta del Gobierno a una pregunta de Rosa Díez publicado en un PDF con URL única

Respuesta del Gobierno a una pregunta de Rosa Díez publicado en un PDF con URL única. Foto: congreso.es

¿Cómo se podría mejorar esta forma de publicar las respuestas? Como se ve en la imagen, la pregunta parlamentaria que responde el Gobierno aparece referenciada en texto no clicable, lo que supone tener que buscar esa pregunta aparte en el boletín de turno (“La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 628, de 12 de marzo de 2015).

Las preguntas de los diputados, directamente del registro

También ha habido cambios de procedimiento en la forma de publicar las preguntas de los diputados, como puede verse en uno de los últimos boletines. Ahora se publica directamente la pregunta que registran los parlamentarios con un enorme inconveniente, que el texto no es seleccionable.

Así, si quisiéramos compartir esta pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado sobre las comisiones de los cajeros bancarios, tendríamos que escribir el texto a mano. ¿Cómo podría resolver el Congreso este obstáculo? Pasando los textos por un proceso de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), como ya se hace en otros documentos parlamentarios.

Asimismo, se están publicando tal cual llegan al registro las preguntas con respuesta escrita a RTVE. Lo bueno es que en una misma página sale la pregunta y la respuesta, y lo malo que el texto tampoco es seleccionable, como puede comprobarse en esta pregunta sobre el programa “Así de claro“.

La decisión de introducir cambios en la publicación de las preguntas con respuesta escrita responde a un acuerdo de la Mesa del Congreso del 19 de mayo de este año.

Para acabar, hemos escrito a la oficina de Atención al Ciudadano del Congreso para sugerir los cambios que hemos expuesto con el objetivo de mejorar la usabilidad de las respuestas.

Función de control, Open data

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El Portal de Transparencia del Congreso sigue sin publicar las nóminas de todos sus diputados

  • Son los grupos parlamentarios, como UPyD, quienes voluntariamente publican sus nóminas

Por Laura Tejedor Fuentes

La legislatura a punto de finalizar no ha podido dar luz a una lucha que viene de antiguo, la de la transparencia total de los sueldos de los diputados.

La primera barrera la puso la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, que daba carácter reservado a las declaraciones de bienes del registro de intereses. El cambio llegaría en julio de 2011 cuando la Ley Orgánica 7/2011 modificaba el artículo 160.2 de la LOREG y ordenaba la publicidad por la Mesa de las Cámaras de las rentas percibidas por los parlamentarios durante su mandato. Su objetivo, “dar rigor y transparencia”.

Hemiciclo del Congreso

Hemiciclo del Congreso. Foto: congreso.es

Esto desencadenó la publicación en septiembre de 2011 de las declaraciones patrimoniales y de rentas de los diputados, consultables en la web del Congreso en la sección de Diputados, Registro de Intereses.

Estas declaraciones de los diputados resultan ser mucho más amplias que las presentadas por los miembros del Gobierno y secretarios de Estado cada mes de septiembre en el BOE (este año aún no publicadas), pues recogen las percepciones netas salariales, como sueldos, honorarios, etc.

Cálculo manual

El problema es que excluyen las percepciones recibidas del Congreso, bajo la excusa de que se encuentran ya publicadas en la web de la Cámara.

Efectivamente, se puede acceder al régimen económico del diputado, en el apartado de “Diputados”, sección de “Régimen económico y protección social” dividido en retribuciones, indemnizaciones y ayudas y subvenciones a grupos parlamentarios.

Sin embargo, solo se encuentran desglosadas de modo genérico por lo que, por el momento, la única posibilidad de conocer las retribuciones es calcularlo manualmente y sin conocer el porcentaje de retención fiscal.

Así, desde 2010, el sueldo base de los diputados es una asignación constitucional de 2.813,87 euros brutos al mes (tributables) más 1.823,86 euros de indemnización netos al mes por circunscripción distinta a Madrid y de 870,56 euros por la circunscripción de Madrid.

En el caso de algunos parlamentarios, a esta cantidad hay que sumar los complementos, gastos de representación y gastos de libre disposición por ser miembros de la Mesa, o como portavoces y portavoces adjuntos de un grupo parlamentario o por tener algún cargo de responsabilidad en alguna comisión o subcomisión.

Junto a esto, el Congreso aclaró en febrero de este año una duda histórica de Qué hacen los diputados: la compatibilidad para los miembros de la Mesa y de la Junta de portavoces de recibir complemento en caso de tener un cargo de responsabilidad en alguna comisión. En esa situación está por ejemplo el Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, cuyo sueldo mensual bruto es de un total de 15.190 euros.

UPyD, único grupo que publica sus nóminas

La Cámara baja rechazó en abril de 2013 la obligatoriedad de publicar en la web las nóminas de los diputados, con la única posibilidad de que lo hicieran aquellos que lo solicitaran expresamente de manera individual y voluntaria.

El motivo que alegó el presidente del Congreso, Jesús Posada, es que no podía darse publicidad a los datos de los parlamentarios en bloque si no existía una ley específica.

Así, Unión, Progreso y Democracia fue el único grupo parlamentario que solicitó expresamente y consiguió que se habilitara un espacio en la web de la Cámara que remite a las nóminas en su página del grupo parlamentario. Actualmente, sus cinco diputados siguen siendo los únicos que publican su nómina enlazada en la web del Congreso por medio de la pestaña “Conozca su nómina”.

Se da el caso de otros diputados, como los integrantes de Izquierda Plural o de diputados sueltos del PSOE que publican por su cuenta, en webs de partido o webs personales, sus nóminas, pero sería apropiado que incluyeran un enlace en la página del Congreso.

El portal de transparencia del Congreso, solo datos generales

La creación del portal de transparencia del Congreso de los diputados en enero de 2015 tampoco ha mejorado esta situación.

El Congreso aborda en sus preguntas frecuentes la cuestión de los salarios de los diputados, pero dirige de nuevo al cálculo mediante el régimen económico.

Transparencia

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Incongruencias y una posible solución a nuestro proceso legislativo según John Stuart Mill

Es llamativo que, releyendo a los autores clásicos, ya sea de la antigua Grecia o del siglo XIX, se encuentren descripciones de nuestra situación política actual casi como si hubieran sido escritas la semana pasada.

Así ocurre con las Cortes Generales españolas. Nuestro sistema parlamentario bicameral, como el que existe en múltiples democracias, con sus características y errores, ya fue descrito por el filósofo y economista político John Stuart Mill (1806-1873) en su obra “Consideraciones del gobierno representativo” de 1861.

El filósofo y economista político británico John Stuart Mill

El filósofo y economista político británico John Stuart Mill. Imagen: hannaharendtcenter.org

En realidad, Mill hablaba del sistema bicameral británico, aunque como se comprobará a continuación, bien podría aplicarse al Congreso de los Diputados y al Senado españoles.

Requisitos del legislador

Para empezar, el filósofo considera que “una asamblea numerosa es tan impropia para la tarea directa de la legislación como para la de la administración” y que la tarea de elaborar las leyes corresponde a “espíritus experimentados y ejercitados” y a personas formadas “por medio de estudios largos y laboriosos“.

En segundo lugar, propone que sea una “comisión compuesta de un número muy pequeño de personas” la que haga una ley.

En otro rincón de su obra, Mill ya opinaba que las asambleas son buenas para deliberar pero no para tomar decisiones finales: “Lo que una asamblea puede hacer mejor que un individuo es deliberar. Cuando es muy importante o necesario oír muchas opiniones contradictorias, y tomarlas en consideración, una asamblea deliberante es indispensable (…); pero a título de consejera“.

Las enmiendas, principal problema de las leyes

Mill es contundente con las leyes que se enquistan en las Cámaras durante meses, cuyos retrasos achaca a que los parlamentarios no abandonan “el precioso privilegio de retocarlas con sus pesadas manos“.

“Poco importa que [la ley] haya sido redactada despacio por la autoridad más competente y provista además de todos los recursos e informes, o que haya sido preparada por una comisión selecta, encargada de este cuidado por su profundo conocimiento de la materia y que ha pasado años enteros de estudio y coordinación de la medida que se trata… “. La ley no pasará sin cambiarse.

Para el filósofo británico, los diputados deben prever el efecto que tienen las enmiendas sobre todos los artículos de la ley y que el conjunto del texto se pueda ubicar “con propiedad entre el conjunto de las leyes preexistentes”.

Por eso, considera que es imposible que estas condiciones se puedan cumplir “cuando las leyes son votadas cláusula por cláusula” en una asamblea compuesta por distintos partidos. En nuestro proceso legislativo hemos visto votaciones en las que las leyes pueden resultar en una especie de “Frankenstein” después de que se le añadan y modifiquen decenas de artículos tras pasar por el Congreso y el Senado.

Al respecto, Mill manifiesta espantado: “¡Cómo pintar el estado en que sale [la ley] de las manos de la comisión!”:

– Se olvidan las enmiendas que eran necesarias para que el resto tenga efecto.
– Se insertan otras enmiendas “increíbles para favorecer algún interés privado o para satisfacer a algún miembro” caprichoso que amenaza con retrasar la salida de la ley.
– Por instigación de algún “semi-sabio” que conoce la materia de forma superficial, se introducen artículos que conducen a consecuencias que no se habían previsto en el primer momento ni por el miembro que ha propuesto la ley ni por los que lo han apoyado, y será necesario en la sesión siguiente un acto reformatorio para corregir sus malos efectos.

Mill apunta que esta “incongruidad” en la manera de legislar nos llamaría más la atención “si nuestras leyes no fuesen ya, en cuanto a la forma y a la interpretación, un caos tal que nada parece poder aumentar la confusión y la contradicción”.

Sin embargo, actualmente las enmiendas se aceptan como un proceso normal en el que quien tiene la mayoría parlamentaria es quien puede modificar y la oposición, que ve el 98% de sus enmiendas rechazadas, critica que no se acepten sus cambios.

La propuesta de Mill: una comisión legisla, el Parlamento aprueba o rechaza

En su obra, John Stuart Mill plantea una posible solución al ineficiente proceso legislativo: una “comisión de codificación” que sería una institución permanente que velaría porque las leyes no se deterioraran y se hicieran todas las mejoras necesarias.

La comisión no tendría por sí misma, a propuesta de Mill, “el poder de dar leyes”. Representaría “el elemento de inteligencia” mientras que el Parlamento “representaría el elemento de voluntad” y la Cámara podría rechazar una ley y devolverla a la comisión para que la examinara y mejorara.

El filósofo da más pistas de cómo tendría que funcionar esta comisión en las que no vamos a entrar, pero sí subrayar que Mill señala que la idea proviene de la democracia ateniense.

En el sistema griego, la “Ecclesia” popular podía dictar “Pséphismos” -decretos-; pero las leyes propiamente dichas, solo podía expedirlas y cambiarlas un “cuerpo diferente y menos numeroso denominado el Nomoteta, que tenía también el deber de revisar el conjunto de las leyes y de concordarlas”.

Para conocer un poco más el pensamiento de John Stuart Mill os recomendamos este artículo de Pablo Simón en Jotdown.

Congreso, Función de control

El acceso de los inmigrantes a la sanidad, una de las 10 preguntas inadmitidas de Carles Campuzano por estar duplicadas

Este mes, la Mesa del Congreso no ha admitido a trámite un total de once preguntas con respuesta escrita de los diputados. Diez de ellas son del parlamentario del grupo catalán Carles Campuzano, quien se ha interesado, por ejemplo, por las previsiones del Gobierno de garantizar el acceso a la salud a las personas inmigradas en situación irregular.

Fuentes del Congreso nos han informado de que la razón de esa inadmisión es porque el diputado las ha enviado por duplicado. Las correctas ya han sido admitidas por la Mesa, y en un próximo Boletín Oficial de las Cortes Generales aparecerán publicadas.

El diputado del grupo catalán, Carles Campuzano, en el Congreso.

El diputado del grupo catalán, Carles Campuzano, en el Congreso. Foto: ciucongreso.es

Las razones por las que una pregunta no se admite a trámite y por tanto no se envía al Gobierno para que la conteste son desconocidas para la ciudadanía, ya que los debates de este órgano del Congreso se realizan a puerta cerrada, como ya explicamos en La odisea para encontrar las preguntas que la Mesa del Congreso no admite a trámite.

Sin embargo, fuentes del Congreso han explicado que el 90% de las preguntas inadmitidas a trámite lo son por “defectos de forma”. Como hemos expresado a la Cámara, puede ser complicado para un usuario de la web saber que esas preguntas no se han admitido por un defecto de forma o por estar duplicadas, ya que no se indica expresamente, como puede apreciarse en este pantallazo:

Una de las preguntas inadmitidas de Carles Campuzano por estar duplicadas

Una de las preguntas inadmitidas de Carles Campuzano por estar duplicadas. Foto: congreso.es

Por este motivo, vamos a proponer a la Mesa del Congreso a través de un escrito en el registro que incluya en las preguntas inadmitidas que figuran en la web la razón de no haber continuado con su tramitación, para evitar cualquier tipo de confusión entre los ciudadanos.

Las preguntas que próximamente publicará el BOCG de Carles Campuzano son las siguientes:

  1. Número de personas solicitantes de asilo reconocidas en Ceuta y Melilla procedentes de un país subsahariano
  2. Preocupación del Gobierno por el incremento del sentimiento antisemita
  3. Ratio desempleados/orientadores laborales de los servicios públicos de empleo
  4. Previsiones acerca de garantizar el acceso a la salud a las personas inmigradas en situación irregular
  5. Criterios seguidos en la ubicación de los centros estatales de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, personas mayores o personas con discapacidad
  6. Balance del Gobierno sobre el Programa de Activación para el Empleo
  7. Impacto en términos de recaudación a la Seguridad Social de la ampliación de los conceptos por los que se cotiza
  8. Aportación concreta del Estado a la financiación de la atención a la dependencia a través de los mecanismos contemplados en la LOFCA
  9. Balance del Gobierno sobre la aplicación del Programa Prepara
  10. Razones que llevaron a la Delegación del Gobierno de Cataluña a prohibir la participación del Ball de Serrallonga en la Fiesta Mayor de Vilanova i la Geltrú con sus armas reglamentarias

Por su parte, la undécima pregunta que no se ha admitido a trámite es la de la diputada de UPyD, Irene Lozano: Préstamos otorgados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a las empresas de Defensa para el desarrollo de los 19 Programas Especiales de Armamento.

* El artículo se ha modificado el 24 de septiembre tras incluir aclaraciones por parte del Congreso.

Diputados, Función de control

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Cómo solicitar información al Gobierno de España en cinco pasos

El acceso a la información del Gobierno de España recientemente ha vuelto a estar de actualidad por el escaso uso que se está haciendo del portal de transparencia, que desde que se puso en marcha el 10 de diciembre de 2014 y hasta julio ha registrado cerca de 1.800 solicitudes de información.

Pantalla del portal de transparencia del Gobierno de España en la que se solicita información.

Pantalla del portal de transparencia del Gobierno de España en la que se solicita información. Foto: Qué hacen los diputados/CC-BY-SA 4.0

Son muy pocas si tenemos en cuenta que es la única vía para pedir información a los 13 ministerios del Gobierno, la Casa Real, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y a la Agencia Española de Protección de Datos.

Si se envía una petición a los mails de contacto de estas instituciones, te remiten al portal de transparencia, como pudimos comprobar al poco tiempo de la puesta en marcha de la web con el Ministerio de Presidencia y el Ministerio de Hacienda.

Te explicamos los pasos para solicitar información

Aunque prepararse para solicitar información es engorroso al principio, una vez has dado los pasos puedes empezar a preguntar al Gobierno cuestiones que te interese conocer, como por qué Defensa se ha gastado 1.600 millones más de lo que tenía presupuestado este 2015 y en lo que va de año o por qué no se han tomado medidas para regular los lobbies en esta legislatura.

El propio Defensor del Pueblo ha reconocido a la asociación Access Info que los mecanismos para tramitar una solicitud son “complejos y muy largos” y que no es necesario el proceso de validación de identidad que ha establecido el portal de transparencia.

Como por el momento el proceso es el que es, te explicamos los pasos que hemos dado nosotros para empezar a preguntar al Gobierno, con la opción del certificado digital.

1. Decidir el ordenador o el móvil Android desde el que vas a hacer las solicitudes de información

La opción de solicitar información con certificado digital requiere que tengas un móvil Android, un ordenador propio o acceso a un ordenador que puedas usar habitualmente (privado, no el de la biblioteca), ya sea con Windows, Mac OS X o Linux. Nosotros lo hemos hecho desde un Mac.

2. Obtener los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es el principal organismo que sirve certificados.Desde esta web de la FNMT hay que seguir todos los pasos que te indican para conseguir descargarte los certificados (unos archivos que quedan almacenados en el ordenador y que no hay que borrar).

Nosotros hicimos el proceso para persona física desde un navegador Firefox, que es el que al parecer da menos problemas.Lo configuramos siguiendo las indicaciones de la FNMT. Después hay que descargarse de esta página dos certificados y configurarlos siguiendo los pasos al pie de la letra.

3. Solicitar el certificado: necesitas recibir un mail con un número

Como hay que ir en persona a la administración a acreditar la identidad, necesitas un número que obtienes en este paso. Desde el mismo navegador en el que lo estás haciendo todo entras en la web de solicitud del certificado y rellenas los datos. IMPORTANTE: solo hay que poner el primer apellido. Una vez enviada la petición te llega un mail con un número que es el que tienes que llevar a la administración.

4. Ir a acreditar tu identidad

Este es un paso que no te quita nadie. Tienes que ir en persona a demostrar que eres tú la persona que ha solicitado el certificado digital. Sin embargo, no es obligatorio ir a Hacienda (donde hay que pedir hora), también se puede ir a las oficinas de la Seguridad Social, ministerios, ayuntamientos… sin pedir cita previa.Hay un mapa para encontrar la oficina más cercana. Una vez allí, si no hay mucha cola, acreditarse es muy rápido y es el último paso para poder empezar a solicitar información.

5. Entrar en el portal de transparencia y preguntar

Desde el navegador que ya tiene el certificado digital asociado hay que entrar en la página de solicitud de información del portal de transparencia y pulsar Comenzar.En la siguiente pantalla hay que seleccionar la opción de DNIe/Certificado electrónico, que ya te lleva por fin a la pantalla en la que introducir la solicitud. Una vez has escrito y revisado la petición, la envías y te puedes descargar los documentos de registro y justificante de la pregunta en PDF.

Posibilidad de reclamar en caso de que no prospere

Aunque dar todos estos pasos no implica que el Gobierno vaya a contestar (hasta julio han inadmitido 235 solicitudes, han denegado 262 peticiones y han contestado parcialmente a 86), pedir información es un derecho de cualquier persona.

Aparte, en caso de no obtener la información deseada, no admitirse a trámite la solicitud o de no recibir la respuesta en el plazo de un mes, se puede presentar una reclamación al Consejo de Transparencia, el organismo encargado de mediar en estos casos. De las 204 reclamaciones que han recibido en 2015 han resuelto 137, aunque únicamente han estimado 23.

Creemos que es importante que la ciudadanía sea crítica y responsable. Si tenemos quejas o sugerencias, podemos dirigirnos a la administración y preguntar lo que queremos saber o transmitir lo que pensamos.

A nivel municipal, se dan casos de conseguir lo reclamado a través de las peticiones, desde que se arregle una acera rota, hasta que se construya un polideportivo… Con el Gobierno español puede llegar a pasar lo mismo.

Si todo este proceso te parece muy complicado o no quieres dar tus datos a la hora de hacer la solicitud, el proyecto Tu derecho a saber se ofrece a hacer la petición por ti, en su web explican todos los pasos.

participación ciudadana, Transparencia

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Al Tribunal de Cuentas le sobran cada año entre 3 y 6 millones de su presupuesto para personal

El Tribunal de Cuentas (TCU), el órgano del Estado que fiscaliza las cuentas del sector público y de los partidos políticos, alega que no llega más allá en sus tareas por la falta de personal y la dificultad para realizar una oferta pública de empleo en un momento en el que hay que contener el gasto.

Tras revisar los gastos de la institución, cada año tiene un remanente de varios millones en el capítulo de personal y, además, el TCU tiene autonomía para convocar nuevos puestos de trabajo al no está sujeto a las limitaciones que tiene el resto de organismos del Estado. No se entiende, por tanto, la parálisis en la que ha estado la institución los últimos años.

Recepción del Tribunal de Cuentas a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en marzo de 2015

Recepción del Tribunal de Cuentas a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en marzo de 2015. Foto: tcu.es

En una comparecencia para informar sobre el control de la contabilidad de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 celebrada en  abril de este año (diario de sesiones), el diputado de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, criticó que el Tribunal de Cuentas no tiene, en su opinión, “ninguna voluntad, posibilidad, capacidad, interés o deseo” de hacer un control de las cuentas más allá del formal.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, contestó que “con los medios de que dispone en la actualidad”, la institución solo tiene capacidad de revisar la información de las cuentas y verificar que se corresponde con justificantes suficientes.

Álvarez de Miranda también afirmó que podría haber “formas de control adicional” como fiscalizar la actividad de los partidos políticos de manera directa, es decir, que en el mismo momento que hicieran el gasto, comprobar que esa actividad está reflejada en las cuentas.

¿Qué necesitaría el Tribunal de Cuentas para ello? Según consideró su presidente: tener el doble o el triple de personal. Eso no es posible porque desde hace cinco años, aseguró Álvarez de Miranda, tienen “dificultades para hacer oferta pública de empleo dentro de un marco general de contención del gasto público que, por otra parte, es el adecuado y el correcto”.

Presupuesto, gasto y personal del Tribunal de Cuentas

Para conocer el presupuesto con el que cuenta el Tribunal de Cuentas hemos mirado el Libro amarillo de los Presupuestos Generales del Estado desde 2006, de los que se desprende que se han ido aumentando las partidas destinadas a la institución.

Hemos comprobado que desde 2005 el presupuesto ha aumentado un 25%, pasando de 48,12 millones a los 64,88 millones previstos para 2016. Entra en el juicio de cada cuál si este presupuesto es suficiente para llevar a cabo la supervisión de las cuentas públicas.

Presupuesto del Tribunal de Cuentas en los PGE 200-2016

Presupuesto del Tribunal de Cuentas en los PGE 200-2016. Elaboración propia a partir del Libro amarillo de los PGE

Para saber cuántas personas trabajan en la institución que, aparte de supervisar las cuentas de los partidos políticos también revisan los datos de ayuntamientos y gobiernos autonómicos entre otros, hemos mirado las memorias de 2011 y 2014, donde figuran los componentes del Pleno, funcionarios, personal laboral y eventual.

Se puede ver que desde 2011 el Tribunal de Cuentas ha perdido un 6,1% de su personal, pasando de las 816 personas de hace cuatro años a las 766 de 2014.

Personal del Tribunal de Cuentas 2011-2014

Personal del Tribunal de Cuentas 2011-2014. Elaboración propia con datos de tcu.es

En las memorias también aparece otro dato muy interesante, y es el gasto específico que realiza el Tribunal de Cuentas en los diferentes apartados. Personal es uno de ellos, y dadas las cantidades destinadas, el salario de los trabajadores ocupa el grueso del gasto de la institución.

En la web del TCU se pueden ver los gastos de personal en detalle (primer trimestre de 2015) y también los salarios más elevados. Los presidentes del tribunal y de la sección del TCU y el consejero del TCU ganan 112.578 euros anuales (14 mensualidades). A pesar de todos los gastos en personal, vemos que cada año quedan remanentes de entre 3 y 6  millones de euros.

Gasto y remanente en personal del Tribunal de Cuentas 2011-2014.

Gasto y remanente en personal del Tribunal de Cuentas 2011-2014. Elaboración propia a partir de las memorias del TCU.

En su comparecencia, Ramón Álvarez de Miranda, se quejaba de la falta de recursos para fiscalizar, pero no es preguntado por estos remanentes ni él mismo hace alusión a ellos. Tampoco se indica su destino en las memorias de la institución, por lo que desconocemos qué ocurre con esos millones que no se gastan.

Autonomía para hacer una convocatoria de empleo público

En una pregunta escrita que hizo al Gobierno la diputada de UPyD Rosa Díez después de la comparecencia del presidente del TCU, pide que valore las limitaciones del
Tribunal de Cuentas para supervisar las cuentas de los partidos políticos.

El Gobierno, en su respuesta, viene a  decir que el Tribunal de Cuentas no tiene más personal porque no ha tomado medidas por sí mismo. Es decir, revela que “corresponde al Pleno del Tribunal de Cuentas” aprobar la oferta anual de empleo de personal a su servicio” y que no está sometido a las limitaciones de los presupuestos estatales para el sector público.

Esto sucede así, afirma el Gobierno, porque el Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional del Estado, se rige por una normativa específica y no se le aplican las limitaciones de los PGE.

Partidos, Rendición de cuentas