Los problemas para pagar la calefacción llegan al Congreso

Estos días en los que se acerca el invierno y el frío se hace notar, está aflorando de nuevo un grave problema: la pobreza energética que sufre gran parte de la ciudadanía.

La pobreza energética esla incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud, que son de 18º a 20º C en invierno y 25º C en verano.

Bombilla y hielo

Bombilla y hielo. Foto: ahorroycrisis.com

Algunos datos relacionados con la pobreza energética:

– En España hay cerca de 4 millones de familias en situación de pobreza energética (datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2012 del INE, que señala que el 9,1% de la población española no puede mantener a su vivienda a una temperatura adecuada, mientras que en 2011 fue un 6,5%).
– El precio de la luz ha subido cuatro veces en lo que va de 2013 y desde el comienzo de la crisis, en 2008, es un 63% más cara.
– La factura eléctrica media es de 794 euros al año (para un hogar con potencia contratada de 4,6 kW y consumo anual de 3.500 kWh).
– Las compañías eléctricas cortaron la luz a 1,4 millones de hogares en 2012 (el doble que en 2006).
– Cáritas ha aumentado sus ayudas un 326% para paliar la pobreza energética, pasando de los 26.816 euros en 2011 a los 114.343 euros de este año y se prevé que aumenten.

El pasado 20 de noviembre la Plataforma Nuevo Modelo Energético organizó una concentración para pedir un “cambio radical” en la actual política energética: que esta responda a los intereses de la sociedad, que se promueva un modelo solidario y limpio y que se derogue el “impuesto al sol”.

Endurecimiento de la Tarifa Último Recurso

Existe una Tarifa Último Recurso (TUR) y un Bono Social que los ciudadanos que cumplan una serie de requisitos pueden solicitar y que por ley ciertas compañías tienen que conceder: Endesa, Iberdrola, Gas Natural, HC-Naturgas y E.ON.

Los requisitos para pedirlo son: tener menos de 3 kW contratados, ser familia numerosa, tener a todos los miembros de la familia en paro o ser pensionista, jubilado mayor de 60 años y con pensión mínima (web del ministerio con todos los detalles).

Según recogía Vozpópuli, la situación va a cambiar ya que el Gobierno va a introducir una nueva cláusula o renta mínima por debajo de la cual no se tendrá derecho a la tarifa social: el 120% del salario mínimo interprofesional (10.841 euros al año) para una primera persona de la familia; el 70% para una segunda persona con ingresos (7.588 euros al año) y el 50% del SMI (5.420 euros al año) para terceras y siguientes.

Se prevé que esta medida deje fuera de este sistema de protección social a alrededor de 1,5 millones de clientes, según las estimaciones del sector.

Propuesta en el Congreso para prevenir la pobreza energética

En el Congreso se está tramitando una Proposición de Ley, del grupo Izquierda Plural, que insta al Gobierno a tomar medidas para prevenir la pobreza energética. Actualmente se encuentra esperando una respuesta del Gobierno.

Propuestas como que exista un sistema público de precio social de luz y gas “para todos los hogares con poder adquisitivo reducido” que se fije en función de unos “consumos mínimos vitales” en función del número de miembros del hogar, de las estaciones del año y de la climatología, en hogares en propiedad o en alquiler.

También instan a crear una “tregua invernal” para que las eléctricas no corten la luz, el gas o el agua por impago “siempre y cuando reúnan las condiciones de renta familiar que se determinen o cuando vaya acompañado del informe del órgano competente en materia de servicios sociales”.

En este sentido, proponen que el Gobierno cree un plan contra la pobreza energética, para que la ciudadanía tenga el derecho a acceder a los “suministros básicos del hogar” y a que se establezca un IVA reducido para el precio de gas y la electricidad a nivel doméstico.

A modo de curiosidad, queremos dejar constancia de que Izquierda Plural tiene una Proposición no de Ley, presentada en marzo de 2012 y que fue calificada en abril, sobre los  “beneficios abusivos del sector eléctrico, el déficit tarifario, el incremento del precio de la factura y el bono social” que no se ha llegado a debatir en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Actividad legislativa, Grupo parlamentario

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