Los altos cargos no han publicado este año sus declaraciones patrimoniales

Por Laura Tejedor Fuentes

Los miembros del Gobierno están obligados a publicar antes de cada 30 de septiembre la declaración de sus bienes patrimoniales en el BOE. Así lo obligaba la ley 5/2006 y así se ha hecho entre septiembre de 2009 y 2014.

Ana Pastor, Soraya Sáez de Santamaría y Ana Mato en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del 13/12/2013 donde se presentó en anteproyecto de Ley del Alto Cargo

Ana Pastor, Soraya Sáez de Santamaría y Ana Mato en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del 13/12/2013 donde se presentó en anteproyecto de Ley del Alto Cargo. Foto: Pool Moncloa

Sin embargo, este año no se han publicado estas declaraciones. El motivo, la nueva ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que sustituye a la 5/2006. En su artículo 21.5 ha pasado de regular la publicación anualmente antes del 30 de septiembre a establecer que “se regulará reglamentariamente”.

Este difuso plazo se alarga hasta un año en su disposición final primera, donde establece que en el plazo de un año desde su entrada en vigor, deberá regular los instrumentos y procedimientos para que la Oficina de Conflictos de Intereses pueda llevar a cabo el control de la situación patrimonial de los altos cargos tras su cese.

Diferencias entre el registro y el contenido de las declaraciones “comprensivas”

Por otra parte, se sigue manteniendo la parte más negativa, pues el artículo 21 (al igual que la ley 5/2006) dota de carácter reservado a los registros de bienes y derechos patrimoniales y solo pueden acceder a ellos, además del propio interesado, el Congreso de los Diputados y el Senado, los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos y el Ministerio Fiscal en actuaciones de investigación. La paradoja viene cuando se establece que el contenido de dichas declaraciones sí es público.

Esto se comprende al descubrir que la ley sólo permite una “declaración comprensiva” de la situación patrimonial de estos altos cargos, que omite los datos de localización para salvaguardar la supuesta privacidad y seguridad de sus titulares.

Así, estos años se han publicado datos de activo y pasivo generales, sin desglosar y únicamente dividiendo el activo entre bienes inmuebles y otros bienes.

Registros de actividades siguen siendo accesibles sólo por correo

Por su parte, los registros de actividades en la nueva ley sí tendrán “carácter público” pero sólo se puede acceder mediante solicitud por correo electrónico o postal al Registro de Actividades de Altos Cargos, según la ley Orgánica de Protección de datos y la ley de transparencia.

A la espera del desarrollo de dicho reglamento en ese largo año, seguimos sorprendiéndonos cada día más de la vuelta hacia atrás de algunas leyes en materia de transparencia.

Gobierno, Rendición de cuentas

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