La participación ciudadana en política, una anécdota en la legislación (I)

¿Qué pintan los ciudadanos en la elaboración de las leyes? ¿Con qué mecanismos contamos para ser un actor más en la toma de decisiones políticas? Son las preguntas que vamos a intentar responder en dos post tomando como referencia las normas básicas que rigen la vida del Estado, la Constitución y algunos Estatutos de Autonomía. Este es el primero.

Jornada de puertas abiertas en el Congreso en 2009.

Jornada de puertas abiertas en el Congreso en 2009. Foto: congreso.es

La participación en política también se da en otro tipo de foros, como en la sociedad civil (asociaciones, ONG, fundaciones…), en las plazas, en Internet. El debate o las propuestas para el cambio no necesitan de los poderes públicos para producirse, pero sí que los necesitan si quieren que acaben plasmados en una ley.

Un ejemplo cercano es el de la campaña #SenadoTransparente, en la que varias organizaciones como Access Info, Fundación Ciudadana Civio, Proyecto Avizor, OKFN Spain, OpenKratio y el propio Qué hacen los diputados hemos instado a los ciudadanos a reclamar a los senadores una mejora de la Ley de Transparencia a su paso por el trámite legislativo del Senado (también es posible firmar en Change.org).

Además hemos invitado a que los ciudadanos intenten reunirse con los senadores. Diversos miembros de las plataformas de la sociedad civil hemos hecho lo propio con diferentes partidos como PSC, PSOE, IU, CiU o PP.

La pasada semana hubo un encuentro que se retransmitió en streaming con el senador de Entesa, Carles Martín en el que Vicky Anderica, de Access Info Europe, explicó los puntos que, a juicio de las organizaciones, debería incluir la futura Ley de Transparencia. La reunión puede verse en este vídeo:

Como resultado, el grupo de Entesa ha incluido entre sus enmiendas la propuesta de que la ley incluya la publicación de las “comunicaciones e informes internos“.

A continuación recogemos los cinco artículos de la Constitución en los que se contempla alguna forma de participación de los ciudadanos en la vida política.

Votar cada cuatro años

Según recoge la Constitución en su artículo 23, “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”, así como el “derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

Es decir, que los ciudadanos con derecho a voto pueden pasar por las urnas cada cuatro años. Por ofrecer un dato significativo -el debate es amplísimo-, el Eurobarómetro de febrero de 2013 recogía que solo un 39% de la población española creía que el voto en las elecciones generales sirve para tener influencia en las decisiones políticas, frente al 70% de media que respalda esta opinión en Europa.

Derecho de petición

En el artículo 29 la Constitución reconoce el derecho de todos los españoles de hacer una “petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley”.

Este derecho consiste, según explica el Senado, en la facultad de dirigirse a los poderes públicos para, bien poner en conocimiento de estos ciertos hechos, bien reclamarles una intervención o ambas cosas a la vez. Para hacer una petición hay que facilitar nombre, nacionalidad y domicilio, como recoge este formulario tipo de la Cámara alta.

Nos hemos fijado en el caso del Congreso de los Diputados. Su reglamento revela que el Parlamento cuenta con una Comisión de Peticiones a la que los ciudadanos se dirigen para llevar sus peticiones individuales o colectivas.

La única información que se puede encontrar en su sección de la web del Congreso son sus estadísticas. En lo que llevamos de legislatura, el órgano ha recibido 1.978 peticiones de las que se han contestado 600 y 440 se han considerado reiteraciones.

El contenido de esas peticiones no se puede conocer. Desde Qué hacen preguntamos al Congreso por mail si sería posible acceder a lo que pedían los ciudadanos y esta fue la contestación: “Las peticiones recibidas ante la Comisión no se publican para no vulnerar el derecho a la intimidad y a la protección de datos de los peticionarios“.

Aunque no somos profundos conocedores de la LOPD, sugerimos al Congreso que introduzca un sistema por el que los peticionarios puedan autorizar la publicación de sus escritos si así lo desean -tomando precauciones con la identidad o las medidas que sean necesarias- con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso y que todos nos beneficiemos de él. Tal vez así también se evitaría que haya peticiones reiteradas.
La Iniciativa Legislativa Popular

En otras ocasiones ya hemos hablado en el blog de que el Congreso huye de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), es decir, de las propuestas legislativas que presenta la ciudadanía.

Este derecho, regulado en el artículo 87, contempla la posibilidad de los ciudadanos puedan presentar proposiciones de ley a través de ILP que exigen “no menos de 500.000 firmas acreditadas”.

La única y primera ILP que casi con total seguridad prospere en el Congreso sea la de declarar la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural, que ya se ha modificado con enmiendas y finalmente se declarará esta fiesta como patrimonio cultural, pero basándose en el texto de la ILP inicialmente presentada.

Referéndums consultivos, no vinculantes

El referéndum es otra de las posibilidades de participación recogida en la Constitución, en el artículo 92. Eso sí, referéndum consultivo y no vinculante. Es decir, que los resultados implican únicamente la manifestación de la voluntad general o popular de forma no vinculante.

Solo el rey puede convocar un referéndum, a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

Desde el fin de la dictadura se han celebrado cuatro referéndums, uno sobre la Ley para la Reforma Política (1976, con un 78 % de participación), otro para la ratificación de la Constitución española (1978, con un 67% de participación), sobre la permanencia de España en la OTAN (1986, 59% de participación) y para decidir sobre la Constitución Europea en España (2005, 41% de participación).

Audiencia de los ciudadanos

Por último, el artículo 105 regula diversas circunstancias entre la relación del Gobierno, la Administración y los ciudadanos.

La ciudadanía puede intervenir directamente o a través de  organizaciones y asociaciones “en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”; también acceder a los archivos y registros administrativos e intervenir en el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos.

Este artículo, relacionado con el derecho de acceso a la información en España, trae mucha cola. Actualmente se está tramitando una Ley de transparencia en la que se especifican algo más las condiciones para ejercer este derecho sin llegar a reconocerlo como un derecho fundamental, entre otras muchas carencias y excepciones que hemos tratado anteriormente en Qué hacen.

Para saber más recomendamos consultar los artículos que ha ido publicando Access Info desde 2008 para conocer cómo se ha tratado este derecho en nuestro país.

Ciudadanía, Iniciativas populares

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