La oposición en el Congreso defiende los partidos judiciales que el Gobierno quiere centralizar

La reducción y centralización de los partidos judiciales propuesta por el Gobierno en su reforma del anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial -la ley vigente data de 1988- lleva meses creando debate en el Congreso, a través de Proposiciones no de Ley, preguntas orales y escritas y comparecencias. 

Juzgado de paz de Narón

Juzgado de paz de Narón (A Coruña). Foto: Wikimedia Commons/Pepe do Couto

Una de las principales preocupaciones de los parlamentarios, así como de representantes locales, es que los juzgados de paz y de primera instancia e instrucción podrían pasar de 431 a 192 (un 55% menos), de seguir la propuesta de un informe que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó en mayo de 2013.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apoyó la propuesta del CGPJ en la Comisión de Justicia  (página 5). Afirmó que las sedes judiciales ya existentes se concentrarán  [en las capitales de provincia], se especializarán y serán “flexibles”.

Así, la institución que tenga las competencias podrá determinar si los juzgados seguirán viendo asuntos civiles y penales, o si se concentrará una actividad jurisdiccional concreta, como derecho de familia o mercantil.

Defensa de las sedes judiciales

La Comisión de Justicia ha debatido recientemente dos Proposiciones no de Ley, del Grupo Mixto y del PSOE, que buscan evitar la concentración de las sedes judiciales en las capitales de provincia.

La primera, a propuesta del BNG, ha sido aprobada aunque el PP ha modificado el texto a través de una enmienda. Cabe destacar que esa misma proposición pasó por el Pleno y fue rechazada con los votos del PP, de FAC y UPN. La segunda, del grupo socialista, ha sido rechazada.

En el debate, la diputada del BNG Mª Olaia Fernández Davila denunció que “municipios de dimensiones relevantes y que son cabecera de comarca se verían privados de un partido judicial, lo que provocaría un auténtico caos y empeoraría el servicio a la ciudadanía”.

La diputada también alertó del encarecimiento de la justicia -además de las tasas judiciales- y de que será “menos accesible” ya que los ciudadanos tendrán que desplazarse continuamente a las capitales de provincia.

En suma, el BNG proponía al PP que retirara su reforma de la ley; que fueran las Comunidades Autónomas las que delimitaran la demarcación y planta judicial con el objetivo de mantener los partidos judiciales y que haya un acceso universal a la justicia, cercano y sin costes añadidos.

Los planes del Gobierno siguen adelante 

Por el momento, la postura del PP continúa en la línea que marcó Ruiz-Gallardón. Así lo defendió en la Comisión de Justicia la diputada Sara Cobos.

Manifestó que la fragmentación en partidos judiciales “genera problemas”: falta de especialización; el servicio de guardia; los empleados interinos (que se favorecen para facilitar la sustitución de personal) o el reparto de asuntos.

La propuesta del BNG quedó reducida al siguiente párrafo (página 4), a propuesta del Partido Popular:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en la elaboración del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Demarcación y Planta, tenga en cuenta las especificidades geográficas, sociales y económicas propias de las diferentes Comunidades Autónomas de España, de modo que se diseñe una estructura organizativa judicial que sea flexible, moderna y especializada.

Actividad legislativa, Comisiones

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