La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en entredicho

– La norma prevé altísimas sanciones por insultar a un agente o participar en un escrache
– La sociedad civil critica que se quiera criminalizar la protesta social
– El PP también ha propuesto endurecer las penas para los que agredan a un agente de las fuerzas del Estado
– Documento: el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en eldiario.es

El pasado 19 de noviembre los medios de comunicación dieron a conocer parte del anteproyecto de la futura Ley de Seguridad Ciudadana que está preparando el Ministerio del Interior. Entre otros incluye la posibilidad de sancionar a las personas que insulten a un agente de las fuerzas de seguridad con hasta 30.000 euros.

Monumento a la paz social

Monumento a la paz social. Ilustración de JR Mora/Gurusblog

También está previsto sancionar con hasta 600.000 euros actuaciones de personas que participen en escraches o las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad.

Son muchas las noticias donde se puede leer un resumen de algunos de los 55 artículos que esta nueva ley prevé incluir, como aquí o aquí, y, en suma, convierte actuaciones que eran delito y faltas penales en delitos e infracciones administrativas.

Se esperaba que este viernes el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto, y aunque el borrador no se ha hecho público, la difusión de las primeras medidas ha desatado un vendaval de opiniones en programas de televisión, prensa, redes sociales… En Twitter se puede encontrar en el hashtag #LeyAnti15M.

Nuevas conductas ciudadanas, según el Gobierno

Finalmente, el Gobierno ha pospuesto la aprobación de la norma una semana. El Ejecutivo insiste en que es un borrador y que la ley busca “sancionar mejor”, según afirmó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

A su juicio, existen nuevas conductas que “atentan contra la seguridad ciudadana” y que deben ser reguladas “en una ley de estas características”. Rajoy, por su parte, ha defendido que el Gobierno pretende “garantizar la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos”.

Criminalización de la protesta social, según la sociedad civil

La sociedad civil ve las primeras medidas conocidas de forma muy diferente. La Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas asegura que la nueva norma “pretende no solo la criminalización de la protesta social, sino su desmovilización mediante el chantaje y la amenaza del palo y tentetieso”.

Sobre las sanciones por insultar a agentes, consideran que es “absolutamente desproporcionado por la diferencia entre infracción y sanción, un abuso incalificable ante el desvalimiento en que se puede estar dejando a los manifestantes en caso de carga y represión policial ya que se sanciona lo que podría ser un simple desahogo ante una acción de brutalidad policial”.

En El Diagonal recogen que “es una ley nacida y diseñada contra el 15M (…) y la “ciudadanía en general, contra el 99%. No solo por criminalizar la protesta y la desobediencia civil, sino por atacar los muy variados mecanismos de supervivencia cotidiana que la sociedad se está dando contra la crisis”.

También explican este modelo de “represión por multa” como la “monetarización de toda vida social, reducir todo hecho social a una cuestión económica y reproducir los mecanismos del endeudamiento sobre las personas y las formas de organización y resistencia de las mismas”.

En referencia a la medida que considera infracción muy grave difundir imágenes de agentes de seguridad, la Comisión de Difusión en Red de Acampadasol afirma: “Lo que quieren preservar es una imagen pública que ya está más que desgastada por los numerosos excesos que se han registrado y difundido en los últimos tiempos. Grabaciones que en algunos casos han servido para rebatir la presunción de veracidad que el cuerpo policial utiliza para salir inmune de los juzgados y que ya está siendo puesta en duda por algunos jueces”.

Asimismo, resumen su visión de la futura ley: “Es un absurdo autoritario que no vamos ni a acatar ni a tolerar, fruto del miedo de los gobernantes a una sociedad civil capaz de tomar la iniciativa y que ya no cree ni en sus leyes ni en sus promesas. Si llega a aprobarse, quedaría el camino de la desobediencia civil. Sabemos que nuestras compañeras de otros muchos colectivos mediactivistas con los que llevamos años tejiendo redes continuarán este camino con nosotras. No nos vamos a esconder. No tenemos miedo”.

Más actores en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana

Hay más colectivos que se han llevado las manos a la cabeza con la Ley de Seguridad Ciudadana, recogemos algunas opiniones, como Reporteros sin Fronteras, que ha alertado de que el anteproyecto “no es digno de una democracia como España”.

Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación de Jueces y Magistrados “Francisco de Vitoria” y el Foro Judicial Independiente han calificado de “desproporcionadas” e “inconstitucionales” las sanciones previstas por los escraches o las manifestaciones pacíficas ante el Congreso.

La oposición en el Congreso también está en contra de la nueva norma. Entre otros, el diputado de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, la tildaba de “ley de la patada en la boca a la democracia”, mientras que el portavoz del PNV consideraba “un tanto exageradas” las sanciones económicas.

Este sábado 23 de noviembre hay manifestaciones convocadas en toda España, muchas a las 12:00h de colectivos sociales, mareas, plataformas, sindicatos, etc. para defender los derechos sociales y laborales de la ciudadanía.

El PP propone estudiar el agravamiento de penas a los que agredan a agentes

Desde el Congreso, el grupo parlamentario popular están tramitando una Proposición no de Ley que apoya la Ley de Seguridad Ciudadana. En la propuesta instan al Gobierno a estudiar el “agravamiento de las penas” a las personas que agredan a agentes de las Fuerzas de Seguridad “cuando estos estén actuando dentro de la legalidad en su papel de agentes de la autoridad”.

El PP alega que el “endurecimiento” del castigo de ciertas acciones “evitaría muchos enfrentamientos que en la actualidad propician conflictos físicos y agresiones de considerable gravedad a los agentes de Policía y miembros de la Guardia Civil”.

Sin embargo, no apoyan la propuesta con datos, e incluso manifiestan la ausencia de los mismos: “Aunque desde el año 2006 no existen estadísticas desglosadas de este tipo de agresiones, existe consenso general en la denuncia del incremento y gravedad de estas acciones desde el año 2000“.

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