Es hora de “pasar de nivel” en transparencia política

En los últimos días se ha pasado de hablar de “transparencia” a “regeneración democrática”. El presidente del Gobierno y diputado por Madrid, Mariano Rajoy, anunció este lunes y reiteró el martes en Panamá que después del verano el Ejecutivo empezará a plantear medidas para darle supuestamente nuevos aires a la democracia.

Rajoy hablando de las medidas de regeneración democrática en Panamá

Rajoy hablando de las medidas de regeneración democrática en Panamá. Foto: Moncloa

Algunas de estas medidas son legislativas: una ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos -en eterna fase de presentación de enmiendas- y la regulación de los altos cargos de la Administración, que controlará desde los salarios de estos cargos hasta una “alerta temprana” de los posibles conflictos de intereses, como explicó el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, hace unos meses en Esade.

Como se quiera llamar, lo que reclama la ciudadanía es un conjunto de principios por los que se deberían regir las instituciones y sus representantes.

¿Qué entendemos por “transparencia?

La transparencia es una palabra utilizada desde hace escasos años sobre todo por políticos o representantes gubernamentales e institucionales, empresas y ciudadanía, pero cada uno de estos actores la entiende de forma diferente.

Cuando los dirigentes dicen que están siendo transparentes, lo que realmente quieren decir es “no mintiendo” y “no escondiendo lo que en realidad están haciendo” (Bennis, Goleman y O’Toole, 2008: 16).

Pero “ser transparente no es lo mismo que ser verdaderamente transparente”. Como paso previo para que exista una “cultura de la sinceridad” tiene que haber una “libre circulación de información dentro de una organización y entre la organización y otros interesados, incluyendo al público”.

En este sentido, el acceso a la información debería ser un auténtico derecho fundamental, un derecho de las personas a acceder a la información en manos de la Administración Pública. Una vez reconocido este derecho -no ha sido el caso de la Ley de Transparencia española- se podrían ir construyendo los “niveles de transparencia”, con un objetivo y una base comunes.

Saber cómo se toman las decisiones

Otro paso para construir esa “cultura de la transparencia” sería incorporar los principios del buen gobierno: las “tradiciones, instituciones y procesos que determinan cómo se ejerce el poder, cómo utilizan su voz los ciudadanos y cómo se toman las decisiones de acuerdo con el interés general” (Nonell, 2002: 15).

El funcionamiento general de la transparencia, por tanto, “pasa por la obtención de información” y “tiene el potencial para realmente transformar la manera de ejercer el poder porque establece nuevas condiciones de operación del sistema de justicia en su conjunto”, según indica José Ramón Cossío (Cit. Ackerman, 2008: 25).

La transparencia, la voluntad de acercar la administración al ciudadano, de servir de mecanismo de control, de obtener la participación, debería tratarse de un principio más en la actuación administrativa, en opinión de Sánchez de Diego (2007: 31).

En el funcionamiento de la administración, por defecto, debería ofrecerse el “mayor nivel de transparencia posible” con todos los documentos que revelasen su composición, gestión económica o evaluación de sus tareas. “Estamos demandando que la administración se ponga al servicio del ciudadano”, sentencia este autor.

Transparencia sobre el papel

En España la primera Ley de transparencia que se aprobó fue en Navarra, en junio de 2012 y posteriormente comenzó la tramitación de la “Ley de Transparencia y Buen Gobierno” a nivel nacional en el Congreso de los Diputados, que se aprobó en noviembre de 2013 sin satisfacer las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil, que reclamaba una ley que respondiera a los estándares internacionales y no se quedara a medias.

Las leyes de transparencia, en sí mismas, pueden ‘no servir para nada’ o sí, dependiendo de la “filosofía” de quien las aplica, nos comentaba un impulsor de la ley navarra.

La administración y los políticos deberían dar un primer paso ‘de verdad’ y mostrar su predisposición a publicar los datos que pertenecen a todos.

Partiendo de que no hay demasiada información disponible, es urgente que se empiecen a “liberar” datos y a partir de ahí construir los distintos niveles de transparencia y el rol de la sociedad civil que supuestamente va a utilizar la información. Pero los poderes públicos son imprescindibles para tomar la decisión de abrir las instituciones a la sociedad.

Bibliografía:

Ackerman, John (2008). Más allá del acceso a la información. México: Siglo XXI.
Bennis, W.; Goleman, D.; O’Toole, J. (2008). Transparencia. Alienta Editorial.
Nonell, Rosa (2002). Transparencia y buen gobierno. Barcelona: Icaria Editorial.
Sánchez de Diego, Manuel (2007). El derecho de acceso a la información pública. Madrid: Universidad Complutense.

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