El Real Decreto-Ley, una vía rápida para evitar la soberanía popular

El Gobierno lo ha vuelto a hacer. Ha aprobado en pleno verano multitud de medidas que afectan directamente a los ciudadanos a través de un Real Decreto-Ley, como ya hizo en agosto de 2013.

Es decir, ha aprobado normas que no pasan el trámite habitual en las Cortes, la institución en la que reside la soberanía popular.

Hemiciclo del Congreso

Hemiciclo del Congreso. Foto: congreso.es

El pasado sábado, el BOE publicaba el Real Decreto-Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que analizó Eva Belmonte en El BOE nuestro de cada día.

Consiste en una norma con decenas de medidas que van desde regulación de la situación de los becarios hasta los cines o proyecciones municipales.

Sobre esta manera de regular mediante “decretazo”, Belmonte apunta: “La vía del Real Decreto-Ley permite al Gobierno aprobar normas con rango de ley sin tener que pasar por las Cortes, lo que suprime -como critican algunos juristasel proceso democrático de enmiendas, el debate parlamentario, las votaciones y la publicidad de los textos legales. Así, la ciudadanía no sabe qué decisiones se han tomado hasta que, ya en vigor, el texto se publica en el BOE”.

Legislar evitando el trámite parlamentario ordinario

El Real Decreto-Ley, según el artículo 86 de la Constitución, es una disposición legislativa provisional que dicta el Gobierno “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” y que no podrá afectar “a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos” que recoge la Carta magna.

Sería interesante conocer los argumentos del Gobierno sobre la “urgente necesidad” de las medidas incluidas en el último Real Decreto-Ley aprobado.

Algunas de estas medidas son: pago por parte del Estado a Gas Natural de casi 164 millones en cinco años por el gasoducto del Magreb; la privatización de Aena o la construcción de hoteles y restaurantes en puertos del patrimonio histórico.

Los Reales Decretos-Leyes tienen que debatirse y votarse a la totalidad en el Congreso. Sin embargo, se trata de un único debate y votación que evita las fases de toma en consideración, enmiendas totales, parciales y la tramitación en el Senado.

Es decir, evita un proceso más largo en el que cada paso es susceptible de ser escrutado por los medios, la sociedad civil y la ciudadanía, entre otros.

En el caso de las enmiendas, aunque nos encontremos en una legislatura de mayoría absoluta, algunos -muy pocos- de los cambios propuestos por la oposición se acaban incluyendo en los proyectos de ley.

Ya hemos puesto en alguna ocasión de relieve que es el Gobierno quien realmente ostenta el poder legislativo, ya que nueve de cada diez leyes aprobadas las promueve el Ejecutivo, pero es más deseable el trámite ordinario (proyecto y proposición de ley) que el “decretazo”.

Como argumenta el investigador de la Universidad de Valencia Andrés Boix: “No es lo mismo el incentivo al pacto y la conciliación que supone tener que aprobar la Ley, porque aunque tengas mayoría absoluta siempre queda un poco mal pasar el rodillo una y otra vez, comparado con lo que supone poder decretar cualquier cambio en una rueda de prensa tras un ‘intenso debate’ entre tu partido y tu gobierno”.

A continuación mostramos los Reales Decretos-Leyes aprobados desde 2008 y el número total de leyes:

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