El Gobierno sortea las enmiendas a la Ley de Transparencia sin dar a conocer su nuevo redactado

Se confirma la inclusión de la Casa Real, el Banco de España, los partidos políticos, sindicatos y patronal en la ley, sin aclarar por el momento los detalles
– A pesar de las demandas de partidos en minoría y de la sociedad civil, el Gobierno es rotundo: el acceso a la información no será un derecho fundamental.
– El Gobierno mantiene su intención de excluir los documentos que se utilizan para la toma decisiones -borradores e informes-, tal y como se señala en el artículo 15

Soraya Sáez de Santamaría exponiendo los cambios del Gobierno en la Ley de Transparencia.

Soraya Sáenz de Santamaría exponiendo los cambios del Gobierno en la Ley de Transparencia. Imagen: congreso.es

El Pleno del Congreso debatió el jueves 30 de mayo las enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. La Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado mejoras al texto de la futura ley que estaban siendo debatidas pero, una vez más, no ha mostrado cómo se desarrollarán precisamente esos cambios en la ley.

“No podremos valorar estas medidas hasta no conocer los detalles del redactado”, comenta Victoria Anderica, coordinadora de campaña de Access Info Europe “¿Cómo será ese órgano de control? ¿Qué mandato y funciones tendrá? ¿Cuál será el nivel de presupuesto público necesario para que a una empresa se le apliquen los criterios de la ley? El Gobierno debería publicar el texto actual para que todos podamos conocer hacia dónde avanza realmente esta ley”, añade.

El Gobierno ha dejado clara su intención de no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, basándose en las visiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que datan de antes de 2003.

Esta decisión es opuesta a las directrices de los tribunales internacionales de derechos humanos que han reconocido más recientemente el carácter fundamental de este derecho lo que plantea serias dudas sobre la decisión del Ejecutivo.

Exclusión de la ley de informes o comunicaciones internas

Uno de los puntos más importantes, y que no ha sido tratado en el pleno, es el artículo 15 de la norma que excluye del alcance de la ley muchos tipos de información -como notas, informes internos o comunicaciones internas-.

De no dar marcha atrás en este aspecto, podría suponer para España la imposibilidad de suscribir el Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Oficiales, cuya definición de información es más amplia y resulta incompatible con estas exclusiones.

“De nuevo, el proceso de tramitación de esta norma está siendo totalmente opaco”, afirma David Cabo, director de Civio, que señala que ya lo fue cuando el Gobierno solicitó, para luego ignorar, las más de 3.600 aportaciones ciudadanas. Cabo, además, critica que Soraya Sáenz de Santamaría haya afirmado durante el debate que ellos se aplican ya los criterios de transparencia, cuando su propio ministerio no responde a las preguntas sobre la propia Ley de Transparencia.

Anuncio de incluir a las entidades financiadas con dinero público

El Gobierno también ha comunicado que la Casa Real, el Banco de España, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, la patronal y todas las entidades que cuenten con una inversión de dinero público “relevante” -las cuantías mínimas están aún por definir– estén incluidos en las mismas condiciones que los órganos constitucionales afectados por la ley.

Además, ha anunciado la creación de un Consejo para la transparencia y el Buen Gobierno, sin concretar ningún detalle más sobre su funcionamiento, mandato, composición, independencia y potestades.

Logos de Civio, Qué hacen los diputados y Access Info

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