El Gobierno dice desconocer unas obras ilegales en un islote de Ibiza y el Parlamento balear exige su protección

En ocasiones nos encontramos con situaciones contradictorias en las que un partido del mismo color en un Parlamento autonómico toma una decisión sobre un tema que se vota en el sentido contrario en el Congreso o del que el Gobierno echa balones fuera.

Un ejemplo reciente es caso del islote protegido de Tagomago, situado a un kilómetro de la isla de Ibiza.

Acumula varias denuncias por obras irregulares, y mientras el Parlamento balear ha aprobado una proposición no de ley que pide su protección, el Gobierno de España dice no tener constancia de la construcción de un complejo de viviendas en él.

Vista del islote de Tagomago desde la punta d'en Valls.

Vista del islote de Tagomago desde la punta d’en Valls. Foto: Standardizer/Wikimedia Commons.

El diputado de ERC, Joan Tardà, preguntó al Gobierno si conocía que se estaba construyendo un complejo de viviendas en Tagomago cuyo dueño no cuenta con la autorización ni el permiso, pero sí “con el conocimiento y la inhibición de las autoridades”.

También si les consta que en Tagomago hay “animales en peligro de extinción y especies estrictamente protegidas”.

El islote, que tiene un kilómetro y medio de largo y 113 metros de ancho, forma parte de la Red Natura 2000 y le afectan varias directivas europeas, leyes autonómicas y estatales, que le confieren una “máxima protección medioambiental“.

De kiosco bar a “beach club”

Tardà indica en su pregunta que los agentes de Medio Ambiente de Ibiza, avisados de que se estaban haciendo obras en el islote, visitaron Tagomago y emitieron varias denuncias e informes de las que se deduce que “no se había presentado ninguna solicitud ni se disponía de ninguna autorización para realizar dichas obras“.

El Gobierno, en una escueta respuesta, contesta que desconoce la construcción de viviendas y enumera los elementos construidos en la isla: un faro, una vivienda en terreno privado, una rampa varadero, un muelle y “una pequeña construcción, que en su momento obtuvo título administrativo para su uso como kiosco bar”.

En la web de los servicios que ofrece la empresa que opera en esta isla se puede comprobar que cuenta con una villa con cinco habitaciones dobles y un bar de playa llamado “Beach Bar”.

El ejecutivo apunta que las construcciones en dominio público tienen solicitud de concesión actualmente en tramitación, que las instalaciones desmontables han tenido autorización administrativa durante los años 2013 y 2014 y que el islote se protege con legislación y vigilancia “que se extiende más allá de los terrenos que son dominio público marítimo-terrestre”.

El Parlamento balear pide protección

En contraposición a la respuesta del Gobierno, el Parlamento de las Islas Baleares, que tiene mayoría del Partido Popular, aprobó una proposición no de ley del grupo socialista en la que solicitan de urgencia la protección de la isla de Tagomago.

Alegan que la urgencia se produce por “la publicidad de un beach club en Tagomago” -que no dispone de las correspondientes autorizaciones ni en materia urbanística, ni medioambiental ni turística- y por “las obras realizadas irregularmente” que suponen un presunto delito contra la ordenación del territorio.

La Cámara balear considera que la “presión urbanística y turística” de los últimos años sobre el islote “están haciendo peligrar la riqueza biológica del más de medio centenar de especies de aves, plantas, mamíferos, peces, reptiles e invertebrados que están catalogados dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea”.

Por estos y otros argumentos instan a las autoridades a que se cumpla con las leyes vigentes, a que se paren las actividades ilegales y a declarar la isla de Tagomago como Reserva Natural.

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