El Gobierno desvela los documentos y reuniones mantenidas para reformar la Ley del aborto

Una de las más reiteradas reclamaciones de las organizaciones de la sociedad civil pro transparencia es conocer los documentos, informes que maneja el Gobierno para elaborar una ley, las reuniones y consultas que mantiene, etc.

Si se conociera esta información se podría saber si hay cifras que justifiquen una determinada decisión, los argumentos con los que ha trabajado el Ejecutivo para legislar o si ha consultado con todos los afectados o expertos en el tema sobre el que se elabora la norma.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, principal impulsor de la reforma de la Ley del aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, principal impulsor de la reforma de la Ley del aborto. Foto: Moncloa

Al no ser públicos estos documentos y agenda, muchas veces, la primera noticia que llega a los ciudadanos de que se estaba elaborando una ley ha sido a través de la prensa o porque se anuncia directamente tras el Consejo de Ministros.

Documentación y reuniones en la reforma de la Ley del aborto

En el último Boletín de las Cortes Generales (pág. 299), el Gobierno contesta a una serie de preguntas de Gaspar Llamazares sobre el proceso que ha seguido la reforma de la Ley del aborto con el objetivo de saber qué documentos se han utilizado y si se han mantenido reuniones con la sociedad civil.

Algunas de esas preguntas (pág. 241) eran: ¿Por qué niega el Gobierno a este diputado los componentes de la comisión de expertos que le asesora en relación con la futura Ley de Aborto? ¿Por qué niega el Gobierno a este diputado los informes previos con que cuenta, para la reforma de la Ley de Aborto? ¿Por qué niega el Gobierno los contactos y negociaciones habidos con instituciones y sociedad civil para dicha reforma?

A lo que el Gobierno ha contestado:

“En contestación a la pregunta parlamentaria formulada por Su Señoría, se informa que, para realizar el borrador de la Ley, se ha contado con un amplio dossier de información:

– Se han estudiado las regulaciones normativas habidas en los diferentes momentos en España, así como las leyes promulgadas por las Comunidades Autónomas para la protección a la maternidad.
– Una gran importancia han tenido las Sentencias del Tribunal Constitucional, tanto sobre el aborto como sobre el ejercicio de la objeción de conciencia, siendo de destacar la Sentencia 53/1985.
– Se han considerado los informes y estudios, así como la jurisprudencia europea y del Tribunal de los Derechos Humanos y se ha hecho un amplio estudio del derecho comparado.
– Igualmente se han estudiado distintas iniciativas parlamentarias en la materia, incluida la presentada para regular la protección a la maternidad.
– Ha sido de gran ayuda, el estudio de la Declaración de la Comisión de Bioética de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) sobre la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Es de destacar que se han tenido en cuenta las observaciones, planteamientos y propuestas realizadas por parte de las diferentes asociaciones, agrupaciones y colectivos con los que se han reunido personal del Ministerio de Justicia durante este periodo. En concreto, se ha oído a las siguientes asociaciones relacionadas con los sectores afectados:

[Nota: la mayoría de estas organizaciones consultadas han pedido la retirada del anteproyecto de reforma de la ley, como puede leerse en este dossier]

– La Federación de Asociaciones de mujeres separadas y divorciadas
– La Federación de Mujeres Progresistas
– CELEM (Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres)
– Mujeres Juristas Themis
– Mujeres para la Salud
– Mujeres Opañel
– Concejalas 79
– Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)
– Comisión de Investigación de Malos Tratos
– Asociación Universitaria contra la Violencia Machista (AUVIM)
– Fundación de Mujeres, la Asociación Unidos por la Vida
– CERMI (Comité Español de Representantes de Personas Discapacitadas)
– Hazteoir.Org
– Plataforma de Mujeres ante el Congreso
– Las doctoras de Diagnóstico Prenatal
– Plataforma Feminista del Ateneo de Madrid
– Save the Children
– Plataforma decidir nos hace libres
– ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo).
– En varias ocasiones se ha mantenido reuniones con especialistas en ginecología y obstetricia.

Durante la tramitación se solicitará informe:

– Al Consejo General del Poder Judicial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 108.e) de la Ley Orgánica 1/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial.
– A la Fiscalía General del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.4.j) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
– A la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
– A la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
– A otras unidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
– Al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y Organización Médica Colegial.
– Consejo General de Colegios de Enfermería.
– Al Consejo Nacional de la Discapacidad.
– A la Secretaria de Estado del Ministerio de Educación.
– A la Agencia española de Protección de Datos.
– A las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Se dará traslado a las asociaciones más representativas de los sectores afectados así como a las incluidas en el Consejo de Igualdad de la Mujer. Finalmente, se solicitará dictamen del Consejo de Estado.

Aunque en Twitter la diputada del PSOE Ángeles Álvarez ha apuntado que la información proporcionada por el Gobierno “no es exacta”, el hecho de que se publiquen los documentos empleados y el nombre de las organizaciones a las que se ha consultado es un paso para conocer algo más del proceso legislativo.

Sería deseable que esta información se publicara en la web del Congreso y del Senado. También que hubiera un orden del día de las reuniones celebradas y se adjuntaran los posibles documentos entregados por las organizaciones y que se hubieran tenido en cuenta para la elaboración de la norma.

Actividad legislativa, Iniciativas e intervenciones

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