El Gobierno contesta a Rosa Díez una pregunta de julio de 2012 sobre Bankia

Casi dos años ha tardado el Gobierno en contestar a una de las preguntas por escrito que tenía en solicitud de amparo la diputada de UPyD, Rosa Díez, sobre el supuesto ofrecimiento de Bankia para costear la defensa de los exconsejeros imputados después de que el Gobierno rescatara la entidad con 24.000 millones de euros de dinero público.

Presentación de la marca Bankia en 2011

Presentación de la marca Bankia en 2011. Foto: Bankia

El Ejecutivo comienza su tardía respuesta explicando que pidió un informe al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria-FROB, que a su vez solicitó informe de Bankia, S.A., sobre las cuestiones planteadas por Rosa Díez, que eran las siguientes (pág. 53):

1. ¿Considera aceptable el Gobierno el empleo del dinero público del rescate de BFA-Bankia en la defensa de los intereses particulares de los antiguos gestores, imputados por la Audiencia Nacional a consecuencia de su gestión de la entidad, posiblemente delictiva?

2. ¿Está el Gobierno al tanto del ofrecimiento de asesoría gratuita a cargo de los servicios jurídicos de BFA-Bankia, para la defensa de los miembros imputados del anterior Consejo de Administración de la entidad?

3. ¿Sabe el Gobierno si BFA-Bankia va a de dedicar una parte del dinero público empleado en su rescate en la contratación de servicios jurídicos externos para la defensa de la entidad en el proceso incoado por la Audiencia Nacional?

4. ¿Tiene previsto el Gobierno ofrecer asesoría jurídica gratuita a los perjudicados por la gestión de BFA-Bankia que condujo al hundimiento de la cotización en Bolsa de la entidad, con la consiguiente pérdida de valor de las acciones y otros productos financieros ofrecidos masivamente a pequeños ahorradores y clientes de la entidad?

Por su parte, el Gobierno contesta (pág. 136) que ni Bankia ni Banco Financiero y de Ahorros “han prestado asesoramiento jurídico gratuito, ni de ninguna naturaleza a los ex miembros de sus consejos de administración“.

En este sentido, alega que existe cobertura a través de una póliza de seguros y defiende que es una “práctica empresarial habitual en la mayor parte de las sociedades y absolutamente común en la práctica totalidad de las sociedades que cotizan en bolsa”.

Por tanto, según indica el Gobierno, en el marco de esta póliza, “corresponde a los ex miembros de los consejos de administración, si libremente así lo deciden, hacer uso de las coberturas contratadas y a tal efecto, efectuar directamente las comunicaciones que procedan a las compañías aseguradoras”.

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