El Gobierno usa informes que critican su gestión de algunos servicios sociales para avalar la reforma de la Ley de Subvenciones

El Consejo de Ministros todavía está pendiente de aprobar el Anteproyecto de reforma de la Ley de Subvenciones, que propone como principales cambios: exigir a las ONG que tengan un 25% de cofinanciación privada y que estas organizaciones adelanten de su bolsillo la cuantía de la subvención -la recibirían una vez el proyecto esté acabado-.

Reunión de la Plataforma del Tercer Sector con la ministra de Sanidad, Ana Mato y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en julio de 2014.

Reunión de la Plataforma del Tercer Sector con la ministra de Sanidad, Ana Mato y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en julio de 2014. Foto: plataformatercersector.es

Sobre estas medidas y sus consecuencias preguntó al Gobierno la diputada de Izquierda Plural Laia Ortiz, quien también cuestionó al Ejecutivo si ha “estudiado y cuantificado” las acciones que tendrá que tomar para proteger a los ciudadanos cuando las ONG que no puedan asumir estos cambios cierren.

El Gobierno, en respuesta a Laia Ortiz cree que “con los mismos recursos públicos y el impulso a la financiación privada, se consigue realizar un mayor número de proyectos o la cobertura de servicios en un mayor número de ciudadanos“.

Las ONG a las que afecta esta ley, como ONCE, Cáritas o Cruz Roja Española, llevan a cabo servicios sociales, atención a la discapacidad, a colectivos en riesgo de exclusión, etc. y ya han analizado las consecuencias que tendría la aprobación de esta ley.

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Los escuetos argumentos que esgrime el Ejecutivo para apoyar estas medidas -apoyados en tres informes- son:

– La financiación de las entidades del Tercer Sector proviene solo en un 60-70% del sector público. Alrededor de un 25% proviene de entidades privadas y cerca de un 15% es financiación propia.
– Existe una necesidad de diversificar las fuentes de financiación y que las ONG tengan estructuras más eficaces.
– El modelo de pago por anticipado se establece acorde con los problemas de falta de liquidez y endeudamiento de las Administraciones Públicas en la actualidad. El Gobierno opina que es una medida “lógica”, que es un modelo que “difiere poco del actual” y afirma que cada año la ONG tendrá que anticipar el dinero que vaya a necesitar.

Informes que critican a la Administración

Uno de los informes a los que alude el Gobierno en su respuesta, elaborado por la Plataforma de ONG de Acción Social, es especialmente duro con la actuación del Estado en cuanto a su gestión de los servicios sociales.

Señala que este ha dejado en manos de las ONG “una parte de los servicios públicos y comunitarios” y que “redujo y sigue reduciendo las políticas sociales, con mayor brusquedad a partir de la crisis financiera y económica, sin que haya una correspondencia entre lo que exige a las organizaciones y su propia responsabilidad”.

Con la crisis, apunta el texto, el acceso a los menores fondos públicos está sujeto a criterios cada vez más restrictivos para las organizaciones y la Administración busca “prestar los servicios al mínimo coste posible aunque sea a costa de reducir su calidad“.

Por su parte, el informe de la Obra Social La Caixa señala lo difícil que es cobrar del Estado fondos presupuestados, por la “morosidad o retrasos en los pagos por parte de las administraciones, cancelación imprevista o ausencia de convocatoria de subvenciones ya presupuestadas, convocatorias sin resolución, convocatorias con resolución pero sin cobro, etc.”.

Respecto a las organizaciones, se apunta que las ONG “no se dotaron de herramientas y mecanismos suficientes para su propia financiación”, que la dependencia de la Administración es una “causa estructural de la debilidad del sector” y que “se echan en falta propuestas desde las ONG para combatir la crisis con una gestión coherente”.

Estos documentos dibujan, asimismo, un panorama en el que no parece fácil encontrar financiación privada y propia:

– La reestructuración del sector financiero ha conllevado la desaparición de las cajas de ahorros como financiadoras tradicionales del sector, asimismo hay dificultades de acceso al crédito.
– Las empresas están empezando a interesarse por financiar políticas sociales (a través de la responsabilidad social corporativa), pero influyen directamente en la orientación de las políticas sociales, que no comparten con las ONG.
– Las bajas de socios se han mantenido en niveles históricos y ha habido una caída en las altas de nuevos socios.

Sería interesante saber si las propuestas que incluyen estos propios informes son realizables por parte de las ONG y cómo se va a gestionar esa adaptación a la nueva forma de financiación.

La Obra Social La Caixa abre un debate sobre el modelo futuro de financiación de las ONG

La Obra Social La Caixa abre un debate sobre el modelo futuro de financiación de las ONG. Imagen: OS La Caixa

Los informes a los que se refiere el Gobierno son:

Anuario 2012 del Tercer Sector de Acción Social en España
Estudio sobre el presente y futuro del Tercer Sector social en un entorno de crisis
Plan Estratégico del Tercer Sector de acción Social elaborado por la Plataforma de ONG de Acción Social

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