El Congreso da un primer paso para acercarse a la ciudadanía

El jueves 29 de noviembre el Congreso aprobó una moción de Izquierda Plural sobre actuaciones “en defensa de una Democracia avanzada y de un Parlamento al servicio de la ciudadanía“. Casi todos los grupos de la Cámara la aprobaron, con 322 votos a favor, mientras que los diputados de EAJ-PNV y Amaiur se abstuvieron.

El texto original de la moción pone de manifiesto los efectos del bipartidismo y de la mayoría absoluta del PP en el día a día del Parlamento, así como la forma de legislar en esta X legislatura, a golpe de “decretazo”.

Jornada de puertas abiertas en el Congreso en 2009

Jornada de puertas abiertas en el Congreso en 2009. Foto: congreso.es

De cara a la ciudadanía, la moción denuncia que la Comisión de Peticiones “ha quedado convertida en un mero trámite con una nula relevancia en la actividad parlamentaria”

La Comisión de Peticiones es una comisión permanente no legislativa en la que ciudadanos, colectivos, plataformas, etc., pueden presentar peticiones por escrito y apoyadas por “miles” de firmas. Esos escritos pueden llegar al Defensor del Pueblo o a la comisión del Congreso que corresponda, o como, parecer ser que es más habitual, se archivan.

Asimismo califica la Iniciativa Legislativa Popular de “instrumento prácticamente inservible”, puesto que de las 66 ILP presentadas en democracia ninguna ha sido aprobada en su totalidad por el Congreso.

Qué propone Izquierda Plural para abrir el Congreso a la ciudadanía

En el texto de la moción presentado al Congreso se plantean medidas concretas:

– Crear una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional para estudiar medidas para impulsar la democracia, la participación directa de la ciudadanía en la vida política, mejorar la identificación entre representantes y representados y mejorar el funcionamiento del Congreso
– Que la subcomisión cuente con colectivos sociales y ciudadanos y expertos para presentar propuestas
– Equiparar las condiciones laborales de los cargos públicos a la normativa laboral general en jubilación, seguro médico, regular los salarios de los diputados, alcaldes, concejales, etc., que se dediquen de forma exclusiva a la institución y que haya un control rígido de las incompatibilidades
Controlar los programas electorales presentados a las elecciones y revocación del cargo público
– Que la ciudadanía y colectivos sociales accedan a los medios de comunicación públicos
– Acabar con las medidas de control antidemocrático del funcionamiento de internet
– Regulación de la convocatoria de referéndum vinculantes
Nueva regulación de la ILP, que facilite su tramitación y permita su defensa por quienes la hayan promovido
– Reforma de la Ley Electoral para que se cumpla el principio de que todos los votos tienen el mismo valor
– Reformas legales necesarias para que exista una equiparación en la efectividad de todos los artículos de la Constitución
– Desvinculación total del Estado con cualquier confesión religiosa en aplicación del artículo 16 de la Constitución
– Reforma del reglamento del Congreso para permitir una mayor participación ciudadana en los trabajos parlamentarios (como en las comisiones) y que haya más contacto entre representantes y representados
– Regulación para que sean efectivas las comparecencias del Presidente del Gobierno y los Debates del Estado de la Nación

Asimismo, Izquierda Plural insta al Congreso a reconocer que el día 25 de septiembre no se alteró el funcionamiento normal del Congreso y a que no criminalicen a los movimientos sociales y colectivos ciudadanos críticos con la situación que viven millones de ciudadanos a consecuencia de la crisis.

PP y PSOE, en contra de algunos puntos de la moción

El grupo socialista, que presentó una enmienda a la moción, consideró durante el debate (que podéis leer aquí) que hay cuestiones planteadas por Izquierda Plural que “no proceden”.

Una de ellas, que no procede la regulación de los salarios de los cargos públicos. Según afirmó el diputado Pablo Martín Peré: “Entendemos que ese lenguaje puede ser confundido con una suerte de entendimiento de que los parlamentarios o los representantes políticos somos receptores de privilegios. Y ese tipo de lenguaje es el que después, utilizado por el Partido Popular, ha permitido que se suprima el sueldo o la asignación de los parlamentarios de Castilla-La Mancha, con la que sé que ustedes están también en completo desacuerdo”.

Por parte del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, manifestó que su grupo “no comparte la mayoría de las propuestas” que recoge la moción ni los argumentos de Izquierda Plural. Sí que mostró acuerdo en que hay que “esforzarse en mejorar la imagen y la confianza en la política”.

Así, el PP no apoya la revisión del sistema electoral, ni la revocación de un cargo público si no cumple con el programa electoral (el PSOE tampoco apoya este punto).

Tampoco reconocieron que el 25 de septiembre no se alteró el funcionamiento del Congreso. A juicio de Bermúdez de Castro “gracias a la labor de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se evitó que los manifestantes consiguieran su objetivo de ocupar el Congreso de los Diputados”.

En la enmienda que presentó el PP (y que quedó aprobada) planteaban cambios en el reglamento para mejorar el funcionamiento del Congreso y estudiar la mejora de la democracia tomando como base un informe que ha encargado el Gobierno al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

EAJ-PNV y Amaiur: abstención

Amaiur, que se abstuvo, no intervino en el debate. Sí lo hizo EAJ-PNV. El diputado Emilio Olabarría se posicionó en contra de incorporar el referéndum “preceptivo”, lanzó muchas preguntas sobre cómo serían las condiciones laborales de los políticos, dudas sobre la regulación de los programas electorales, sobre las  medidas del control antidemocrático de Internet o la reforma del sistema electoral.

Aunque este parece ser un primer paso del Congreso para abrirse a la ciudadanía, seguiremos de cerca la evolución de las propuestas de esta moción. Esperemos que no se haya aprobado en balde.

Ciudadanía, Open Government

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